Luego de la aprobación la Cámara de Diputados de Mendoza quien dio este media sanción al proyecto denominado Ficha Limpia que tiene el fin de establecer la imposibilidad de que quienes sean condenados, puedan ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas, se dio un debate en la provincia de Buenos Aires.

El principal responsable de proponer el proyecto del Código Electoral para que la ciudad de Buenos Aires para que tenga una reglamentación electoral propia fue el Licenciado, Javier Tejerizo quien opinó al respecto en el aire de Búnker 91. 9 Fm.

El actual Director General de Reforma Política y Electoral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destacó que “particularmente el proyecto de Mendoza se fue refinando para adecuarlo un poco más a la realidad nacional, tomándose cita de diferentes experiencias internacionales antes de plantear este tipo de proyectos. Por suerte no están presentando proyectos muy cercanos a lo que es la experiencia brasilera y son muchísimo más limitados y puntuales”.

En ese sentido se manifestó en contra de algunos de los puntos aprobados en Mendoza, aunque marcó aspectos positivos del proyecto.

“Estas cuestiones las hemos discutido. El proyecto de Mendoza, lo que tiene de particular es que la Corte Interamericana de los Derechos ha establecido que para estas cuestiones tiene que haber un doble conforme. Si bien la legislatura local puede llegar a aprobar esta cuestión de que se dé de baja una candidatura que tenga una sentencia en primera instancia y por los tiempos electorales, tal vez en su primera aplicación así pase efectivamente, es probable que la persona después hace algún tipo de reclamo legal y llegase a la Corte Suprema, puede ser que la ley termine perdiendo uso por no respetar estos principios legales que, tienen tanto la Corte Suprema como la Corte Interamericana de Derecho”, afirmó Tejerizo.

Y agregó que “puede ser loable en cierto sentido pero si no cumple con los dispositivos que se establecen en el derecho, tanto nacional como internacional, puede terminar perdiendo efectividad”.

“Sería aplicable en más de una instancia, después hay cuestiones que son personales. Este tipo de proyectos suele ser cercano al Radicalismo. Tratamos de trabajar en el código más sobre la información del ciudadano, sobre quién es. Trabajamos en incluir más instancias de información, donde el candidato tenga que presentar un CV, que sea público, como una declaración jurada y que sea pública para que antes de presentar cargos uno pueda tener acceso a la situación financiera y también presentar, obviamente, lo que tenga que ver con reincidencias y penas para que con toda esa información, primero sean los propios partidos políticos para que no puedan obviar esa información”, sentenció.

Por su parte, el funcionario bonaerense remarcó que “este tipo de leyes busca juzgar la moral y la ética de las candidaturas. Acá no habría excusa y al mismo tiempo, si algún partido quisiera resaltar durante la campaña que alguna de las alianzas está presentando a alguien que tiene una declaración jurada que en los últimos años creció un millón por ciento y no puede justificarlo o que tiene antecedentes, o cumpliendo algún tipo de penas, o que tiene un CV que claramente sea una prueba de que está puesta a dedo y se pueda dar esa información para que la ciudadanía lo juzgue”.

Y añadió: “todos los poderes tienen cierta parcialidad, lamentablemente, en vez de quedar a las manos de una cuestión queda a las manos de otra y lo que tiene que ver con lo electoral, es que son plazos muy acotados, entonces no es algo que pueda saldar, si le bajás la candidatura para esa campaña y a los pocos meses salta la segunda y dice que ya no es culpable no hay forma de ser retroactivo el derecho pasivo que perdió. Que la responsabilidad también caiga en el ciudadano”.

Asimismo argumentó que “hay un promedio de que entre la primera instancia y la segunda se tarda más de diez años, eso hace que afecte y se busque este tipo de parches. Otras posibilidades que se podrían plantear es exceptuar estos fueros cuando existen este tipo de delitos, de manera que el ingreso a los cargos electivos no termine siendo una forma de quedar exceptuado de este tipo de sanciones penales. Va a haber una certeza y se va a cumplir con la cuestión de doble instancia”

Y concluyó: “La corrupción existe y no es la idea minimizarlo. También está la cuestión de cumplir con el derecho y a veces por el intento de hacer un parche podemos terminar violando la institucionalidad. Las intenciones son buenas”.