En la carta se pidió que “la violencia por razones de género sea un tema prioritario del Gobierno y de las administraciones provinciales y municipales”, pero “sobre todo, del sistema de justicia que ha demostrado desentenderse del problema, descreer de la palabra de las víctimas, minimizar sus denuncias, desatender sus pedidos desesperados de ayuda y protección”.

Este pedido fue firmado por: periodistas, escritoras, abogadas, activistas feministas, familiares de las víctimas y el Colectivo de Actrices Argentinas.

En un principio plantea que “la violencia de género es un problema estructural en el país, que se profundizó con el contexto del COVID-19”. Por otra parte, se propuso:

-Declarar la emergencia nacional por violencia contra la mujer y disidencias por razones de género y que se otorguen presupuestos extraordinarios, adecuados, para las áreas involucradas.

-Coordinación efectiva y real entre el Poder Judicial –juzgados y fiscalías–, las fuerzas de seguridad y los municipios para abordar cada caso. Y que frente a una denuncia se cumpla con la obligación de determinar si el agresor ya tuvo denuncias anteriores en el marco de un contexto de violencia de género.

-Capacitación sistemática en la temática para quien intervenga en la atención de estos casos.

-Puesta en funcionamiento de un sistema de alerta temprana donde se reúnan todas las denuncias.

-Complementar el sistema de botones de pánico con tobilleras para el denunciado, que permitan determinar su acercamiento a la víctima, o métodos de control que sean efectivos, los 7 días de la semana, las 24 horas.

-Incorporación de la perspectiva de género en la futura reforma judicial.

-Efectivo cumplimiento de la ley 26.150 Ley de Educación Sexual Integral en todas las instituciones educativas del país de manera urgente.