En dialogo con Búnker 91.9 FM, la Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucia Portos explicó la necesidad de que exista una paridad de género dentro de la justicia y más en el caso de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.

El Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires anunció el relanzamiento de la Escuela Judicial, creada en el año 2018 y que se volvió un requisito obligatorio para concursar cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público bonaerense

En tal sentido, el secretario general del Gobierno de Axel Kicillof, y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Federico Thea, informó que este organismo articulará los cursos obligatorios que se dictan en la Escuela con las trayectorias de posgrados acreditados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

Además, explicó que se exigirá a los y las postulantes la realización de capacitaciones con un enfoque de género y perspectiva en derechos humanos, tal como lo marca la resolución 2664, votada por este cuerpo.

En dialogo con Búnker 91.9 FM, Lucía Portos explicó que “el Consejo de la Magistratura es un organismo creado por la constitución de la provincia de Buenos Aires y por una ley que se reformó durante el gobierno de María Eugenia Vidal y donde no se incluyó ninguna perspectiva de género”.

“La intención es corregir la disparidad de la cantidad de personas que, en la provincia de Buenos Aires, accede a los cargos altos en la Magistratura (jueces y juezas) a medida que vamos viendo la pirámide del Poder Judicial, vemos que los trabajadores y trabajadoras tienen una masa compuesta mayormente por mujeres y eso se va dando vuelta a medida que vamos subiendo en la pirámide de una organización que es completamente vertical: pasando por la primera instancia, donde hay una presencia bastante paritaria y a medida que vamos subiendo al as cámaras y la corte por ejemplo hay una sola mujer y seis jueces”, afirmó.

Y remarcó que “la idea que tiene el Ejecutivo y que nosotras impulsamos es intentar en el Consejo, a través del trabajo de los consejos, dar vuelta esta situación buscando dos cosas: en principio que haya siempre mujeres ocupando las ternas, el Consejo de la Magistratura trabaja elaborando ternas y elige tres personas posibles para el cargo vacante y después el gobernador elige a quién definitivamente va a ocupar ese cargo, que en las ternas haya representación de ambos géneros es una de las decisiones”.

“La otra decisión es también, durante el concurso, las personas que quieran ser jueces, juezas, fiscales o fiscalas, se presentan a exigir formación con perspectiva de género a esas personas y para eso el Consejo empezó formándose así mismo. Este año el concejo hizo la primera capacitación obligatoria de la Ley Micaela, por suerte están en ese camino revisando la formación de las personas que se presentan”, agregó.

Por último indicó que “necesitamos que todas las personas que están dentro del sistema Judicial comprendan que son parte de la sociedad, que no son una casta de personas que no responde a la sociedad, sino todo lo contrario, son funcionarios y funcionarias públicas y por lo tanto deben capacitarse en los tema de interés para la comunidad y deben juzgar con perspectiva de género, deben trabajar con perspectiva de género comprendiendo que el acceso a los derechos siempre es más difícil para las mujeres, las lesbianas, las trasn y sean del género que sean, las personas que toman las decisiones es una obligación que tenemos en el estado por los convenios internacionales que hemos firmado, por las leyes nacionales y provinciales que así obligan a jueces y juezas, si no lo hacen son pasibles de mal desempeño”.