Una caravana de más de cinco kilómetros de vehículos colmó la ruta 11, desde Balneario Parque Mar Chiquita hasta Playa Dorada. Vecinos de todas las localidades de la costa del Partido se autoconvocaron en un reclamo que le exige a su intendente que tome una medida a favor de la salud del pueblo.

La comunidad se manifestó en contra de la ordenanza que regula la utilización de fitosanitarios con límites que son preocupantes: hasta 25 metros de los arroyos y 150 metros de las zonas urbanas. Los vecinos le pidieron al intendente que vetara la ordenanza pero el jefe comunal hizo todo lo contrario y la promulgó.

Ahora se le solicita que cree un proyecto de ordenanza para derogar la anterior y proponga una nueva normativa más favorable al pueblo.

Este sábado por la tarde Mar Chiquita se vio convulsionada por la cantidad de personas que se movilizaron, a pesar de la cuarentena, las bocinas y pancartas le dieron vida a un reclamo genuino, que escapa a cualquier interés económico, intereses que se verían afectados en caso de que la ordenanza no viera la luz.

La normativa se aprobó en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Mar Chiquita y contó con el voto positivo de todos los concejales que componen el cuerpo deliberativo, algunos con opiniones bien formadas sobre el tema y otros sin demasiado conocimiento y poco interés por estudiar lo que votaron. Pero las situaciones más discutibles surgieron antes de esa sesión, cuando una sorpresiva decisión de la justicia desestimó el pedido para que las fumigaciones se realicen a una distancia mínima de 1.500 metros de las zonas urbanas.

Los estudios de impacto ambiental habrían sido realizados por los propios productores rurales, un hecho que no es menor a la hora de analizar irregularidades y como si fuera poco, algunos de esos productores del campo tuvieron actitudes extremadamente generosas para con el municipio de Mar Chiquita en el marco de la pandemia, que cuentan con millonarias donaciones pero tal vez solo sea la lectura de un mal pensado, como lo es el que escribe.

Volviendo a la ordenanza ¿es lógico que los productores sean los que tengan que pagar el estudio de impacto ambiental para demostrarlo en la justicia? La respuesta parece simple, ¡no! Ese estudio debería realizarse por profesionales imparciales a la hora de evaluar los daños que los productos químicos tienen sobre las personas. Sin embargo, ese estudio se utilizó como argumento de los ediles a la hora de sancionar la ordenanza.

Es cierto que de regularse una ordenanza que contemple un mínimo de 1500 metros de las zonas urbanas, generaría una pérdida económica para los productores rurales y ahí surge el eje del conflicto que cualquier intendente o concejal debe tener: ¡priorizar lo económico por sobre la salud de las personas o al revés? Una respuesta que llegó impensadamente rápido y en el marco de una pandemia que dificulta la participación ciudadana en un tema tan importante.

Es necesario que de la sociedad sea escuchada y que no se tengan que lamentar perjuicios por el uso de agroquímicos. Pero bueno, a veces el dinero puede mover más voluntades que un clamor popular, al menos en los años en los que no hay que elegir nuevas autoridades.

Un concejal dijo que se evaluará la dirección del viento a la hora de rociar con químicos los campos, lo que no dijo fue que esos vientos, difícilmente lleguen al barrio privado de quienes gobiernan. Mientras tanto, el campo sigue dando de comer a algunos, a veces conscientemente y a veces por accidente como cuando vuelca un camión lleno de porcinos pero lo que la gente tiene que saber es que la culpa no es del chanco, si no de quien le da de comer.