El fin de semana pasado se había sabido que el aumento de 5% en las jubilaciones correspondiente al reajuste de diciembre se descontaría del aumento correspondiente a marzo de 2021, por el empalme que se realizará entre el sistema actual de aumentos por decreto y la nueva fórmula que regirá el año que viene.

El rechazo a la medida fue tan grande, incluso entre simpatizantes del gobierno, que hoy nos enteramos de que se da marcha atrás con la misma. No se descontará en marzo lo dado en diciembre.

Sería un error o un acto de candidez ver esto como un logro o como una mejora en la situación de los jubilados y jubiladas. Y sería un acto de cínica crueldad presentarlo como tal. El estado actual del haber jubilatorio está lejos de poder ser reconstruido con una nueva fórmula. Mientras vamos y venimos con porcentajes, siglas y demás tecnicismos, cuatro millones de personas cobran $18.000 por mes y unas dos millones cobran un promedio de $26.000. Y se supone que con eso tienen que vivir.

Las idas y vueltas de los funcionarios, siempre a los tropiezos y siempre intentando quedar bien con los propios, solamente dejan en claro lo incapaces que son de entender las necesidades de la sociedad para la cual gobiernan. La marcha atrás en la medida no es un gesto de justicia, ni un reconocimiento de la realidad paupérrima de los haberes, es solamente una muestra más de la torpeza con la que se toman las decisiones en nuestro país.

La sociedad argentina necesita encarar una discusión profunda y estructural sobre el sistema previsional, para poder salir adelante tanto económica como socialmente. En la medida en que eso no ocurra seguiremos viendo el ya repetitivo show de funcionarios perdidos en su área y porcentajes que aparecen y desaparecen. Un espectáculo de circo cada vez más rodeado de miseria.