Este lunes 2 de marzo, dos días antes de la apertura del período ordinario, se realizó una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante de Mar Chiquita y se aprobó por mayoría el expediente Nº 163, denominado “Amnistía de Obras Privadas”, un proyecto elevado por la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento Urbano.

La iniciativa propone un plan de regularización de construcciones existentes y la condonación de multas vinculadas a derechos de construcción y actualizaciones no percibidas. El objetivo es normalizar la situación de propietarios que no cuentan con expedientes debidamente empadronados. Según el proyecto, la medida permitirá a la Municipalidad percibir derechos adeudados y actualizar el catastro con la información que se incorpore.

Los concejales del bloque de Juntos (UAM/UCR), Gabriela Bértora y Martín Bautista, no acompañaron la iniciativa. La edil vecinalista hizo hincapié en la falta de tratamiento en Comisión y sostuvo que el Cuerpo "primero debe resolver el Plan de Ordenamiento Territorial", entre otros cuestionamientos.

Desde el oficialismo, tanto Pablo Prefumo como Verónica Serantes, argumentaron la situación económica que viven muchos vecinos, se ven obligados a hacer "una pieza para el hijo" y dejar los trámites sin realizar.

El bloque de La Libertad Avanza que componen Cristián Prada, Matías Lagos, Jorgelina Méndez y Sandro Untacle, votaron positivamente, al igual que Patricia Helter que acompañó el proyecto pero advirtió la "falta de estudio económico", la "violación del principio de igualdad", porque “el vecino que cumplió en tiempo y forma no puede quedar en peor situación que quien construyó clandestinamente. Además, se refirió al ”riesgo ambiental o urbanístico" y calificó la iniciativa como un "premio a la clandestinidad, debilita la autoridad municipal y castiga al vecino que cumple.”

Luego, se realizó la votación y quedó aprobado el régimen establece un plazo especial de noventa días corridos desde la promulgación de la ordenanza para que los propietarios se presenten. Alcanzará a construcciones ejecutadas sin planos aprobados, siempre que no afecten la higiene, seguridad, salubridad ni la estética urbana de las localidades del distrito. Los beneficiarios deberán acreditar titularidad y estar al día con las tasas municipales o haber adherido a una moratoria con cuotas vigentes.

El proyecto indica que las obras con un avance mínimo del 50% podrán incorporarse al régimen, mientras que las ejecutadas al 100% se sumarán al catastro tras una inspección. El acogimiento implicará el desistimiento del cobro de multas, actualizaciones e intereses si se cumplen los requisitos. Para expedientes en trámite, lo abonado se tomará a cuenta y se remitirá el saldo por multas y recargos. La Municipalidad se abstendrá de iniciar acciones judiciales contra quienes se adhieran, salvo casos excepcionales para interrumpir prescripciones.

La propuesta también establece que, si se detectan diferencias entre lo declarado en los planos y la realidad de la obra, se perderán los beneficios y se aplicarán las normas vigentes para construcciones sin permiso.