Un proyecto para impedir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses fue presentado por un legislador provincial, con el apoyo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

La iniciativa está a cargo del diputado Oscar Liberman de la Libertad Avanza (LLA), quien la denominó “Ley Rodrigo”, por el soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Residencial de Olivos y se suicidó al ser víctima de una extorsión telefónica perpetrada desde la prisión, con apoyo de familiares de los reclusos en el exterior del penal de Magdalena.

El proyecto presentado por Liberman busca dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” (Resolución número 47688/20) por haber finalizado la pandemia que motivó su sanción, y la modificación del inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 (Ley de Ejecución Penal Bonaerense) para que la comunicación telefónica de los internos se realice exclusivamente a través de los medios fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

En ese sentido, planteó que el tiempo de comunicación por interno quede limitado a un máximo de dos horas diarias y “en ningún caso los dispositivos móviles podrán estar a su libre disposición”.

Además, establece que cada unidad tiene la obligación de instalar y operar sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores de alojamiento y permanencia de los internos, con el objetivo de garantizar el control de la comunicación con el exterior de cada detenido.

“Las cárceles parecen un call center del delito. Viene de la época de la pandemia, pero sigue vigente esto de tener celulares. Trabajamos para que se prohíba el uso de celulares en las cárceles y todo tipo de comunicaciones por red. La idea es que se tomen medidas con inhibidores de señal y requisas diarias para que no se pueda violar la norma”, señaló Liberman en declaraciones al programa “Tiempo de Policiales”, que se emite por ATP Stream.

Asimismo, añadió: “Es un trabajo concreto para que no haya un debate circular en torno a esto. Es básicamente decir si estamos de acuerdo con que esto siga así o si queremos que se termine”.

El legislador bonaerense explicó que las penalidades para cuando se viole la norma “ya están previstas, porque el proyecto lo único que hace es modificar el artículo en el que ahora habla de prohibición de celulares en las cárceles”.

Liberman hizo hincapié en los mecanismos de control para que se respete la norma como el uso de inhibidor de señal y las requisas diarias y remarcó que si se quiere replicar la iniciativa en todo el país “puede hacerse”.

“El nivel de producción con el que trabajan los presos es tremendo. Hasta hay sonidos en los que se escucha la sirena de la policía y otros sonidos. Parecen productoras audiovisuales más que una cárcel”, señaló.

Además, sostuvo que el proyecto lo preparó con aprendizajes “de iniciativas anteriores” y armó algo “que evite debates ideológicos., porque acá es levantar la mano a favor de que se prohíban los celulares en las cárceles o no levantarla”.

“Ahora tiene que seguir el curso legislativo. Veremos cuál es el nivel de apoyo. Va más allá de la ideología partidaria, estas cosas son cuestiones de Estado y eso tiene que superar las diferencias políticas y partidarias. Ahora vamos a conversar con los distintos legisladores”, indicó.

Además, explicó: “Quiero hablar con cada legislador porque esto no tiene que ver con el pensamiento de un partido político. Acá hay que tener en claro que el derecho a la comunicación se tiene que dar como en todos las cárceles del mundo con un determinado horario en un teléfono publico o celular controlado para ese fin y luego de la llamada retirado del lugar”.

Respecto a la elaboración del proyecto, Liberman indicó que al ser economista “y no especialista en derecho” se nutrió “de quienes saben, como los equipos de abogados, de la jueza Arroyo Salgado, del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul, Carlos Pagliere (hijo) y personas que estuvieron vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación”.

“El Artículo 19 de la Constitución Nacional establece que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para el castigo de los reos. Este mandato implica no sólo la prohibición de tratos crueles, sino también la obligación estatal de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo”, remarcó el legislador en los fundamentos del proyecto.

Al respecto, afirmó que la normativa “tiene por finalidad adecuar el régimen de comunicaciones de las persona privadas de libertad a las exigencias actuales de seguridad pública, protección de las víctimas y adecuado funcionamiento del sistema penitenciario, restableciendo parámetros compatibles con la normativa constitucional y legal vigente”.

Dentro de los 10 días hábiles de promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense deberá notificar a los internos para que, dentro del plazo de 24 horas, entreguen voluntariamente los teléfonos, incluso aquellos que no se encuentren declarados, sin perjuicio alguno, para efectuar un inventario de los dispositivos que entrega cada uno.

Vencido ese plazo, se requisarán todas las celdas y demás espacios públicos de cada unidad para el secuestro de los dispositivos y la sanción de los infractores.