El Juzgado Civil y Comercial N° 7 del Departamento Judicial de Mar del Plata consideró que la Empresa Gerónimo Rizzo SA incumplió las órdenes judiciales dictadas en el marco del proceso judicial de tipo ambiental que tramita desde hace varios años ante esa sede, por lo queresolvió elevar el importe de las multas impuestas al valor de CIEN MIL ($100.000) pesos diarios.

El viernes por la mañana, el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, recorrió la obra de construcción de escolleras en Camet Norte y filmó un video anunciando el comienzo de los trabajos y pasado el mediodía, el Juzgado Civil y Comercial N° 7, a cargo de la Dra. Daniela Basso, ordenó notificar una medida cautelar que prohíbe movimientos en la zona.

Unos días después, el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Mar Chiquita, Facundo Bochicchio, se refirió a la resolución judicial que puso en pausa los trabajos de construcción de escolleras en Camet Norte. Según el funcionario, “la obra no está detenida” y a pesar de la “sorpresa”, indicó que “en realidad está notificando de una medida cautelar de una causa de un vecino que no tiene nada que ver la notificación que hacen ayer del Juzgado con respecto a la obra”.

Sin embargo, la justicia consideró que la medida cautelar dictada originalmente el 6 de octubre de 2020, y que fue ampliada en sus alcances y extensión el 18 de diciembre de ese mismo año, prohibe "a toda persona innovar en el sector de acantilado, playa de Camet Norte y sus inmediaciones".

Además, "la resolución judicial considera que la empresa ha incumplido la medida cautelar y sus accesorias, pese a estar en pleno conocimiento de las resoluciones dictadas y de la medida dispuesta el pasado 9 de mayo donde se le ordenó el cese en su accionar contrario a la cautelar habida. La multa diaria es sin perjuicio de la obligatoriedad de respetarse la orden judicial y se mantendrá hasta que la empresa cese definitivamente toda actividad que pueda contribuir a la degradación del entorno natural", indicaron fuentes del caso.

La decisión judicial es un paso importante más que conforma el derrotero de la comunidad local y las organizaciones en la lucha por la protección del medio ambiente y la defensa de la institucionalidad y los derechos afectados.

Finalmente, por la misma resolución la Justicia también ha dispuesto que puedan solicitarse copias de las piezas pertinentes del expediente para instar la acción ante la Justicia Penal.