Este lunes, la concejal de Unidad y Acción por Mar Chiquita, Gabriela Bértora, presentó ante el Juzgado de Garantías, una acción de Habeas Corpus Preventivo a fin de que se ordene el cese de todo acto de seguimiento, vigilancia, amedrentamiento, hostigamiento o restricción ilegítima de la libertad ambulatoria por parte de fuerzas de seguridad provinciales, en particular personal policial local.

En el documento, se solicita que convoque a audiencia urgente, se ordene a las fuerzas de seguridad y autoridades policiales el cese inmediato de toda conducta de vigilancia, seguimiento o intimidación hacia la concejal y los ciudadanos que la acompañan, además de medidas que garanticen la seguridad personal y el ejercicio de los derechos, “así como los de toda persona comprometida con la protección del ambiente, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Escazú”.

Bértota denunció que el día 8 de mayo de 2025, se presentó junto a 6 vecinos en la Fiscalía N° 11 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, a efectos de ampliar una denuncia relacionada con un delito ambiental en el marco del conflicto por la construcción de espigones en Camet Norte, y que al salir de la sede judicial, se acercaron dos policías uniformados y les avisaron que tenían “órdenes de seguirlos”.

“Consultamos el motivo, recibiendo como única respuesta que se trataba de “órdenes de la Departamental”, y que para “evitar persecución incómoda” era preferible que les mencionemos a dónde nos dirigíamos”, denunció la concejal y continuó: “Unos minutos después, les comunicamos que nos dirigiríamos caminando al Juzgado Contencioso Administrativo, ubicado a unas ocho cuadras. Al llegar, otro policía se presentó con el mismo objetivo”.

Además, Bértora relató que “durante los 20 minutos que permanecimos en el lugar, se pudo observar que la mujer uniformada y un civil (hombre) a bordo de un Citroën C3 gris, estacionado frente al edificio, permanecieron allí observando la situación en forma constante, sacándonos fotos y filmando con sus celulares”, y que “el encargado de seguridad del edificio salía con frecuencia a conversar con ellos, lo cual refuerza la presunción de una vigilancia coordinada sobre nuestras personas”.

En la denuncia presentada, la concejal recordó que “el día 19 de diciembre de 2024”, en el lugar donde se comenzó la construcción de las escolleras de Camet Norte, “cuatro vecinos, entre ellos el abogado de la comunidad, fueron detenidos incluyendo el secuestro del teléfono celular del abogado, mediante artilugios planificados previamente, configurando una clara violación de garantías constitucionales”.

En tal sentido, la edil presentó videos y links que demuestran “el lamentable accionar de los agentes policiales, cumpliendo órdenes de origen incierto, lo cual aún es materia de investigación”.

Tras el relato de diversas situaciones, Bertora consideró que esos “hechos no son aislados sino parte de un modus operandi de intimidación y amedrentamiento sistemático hacia quienes advertimos y denunciamos irregularidades que atentan contra derechos colectivos”.

Además, mencionó que se presentó que vio “en reiteradas oportunidades, el ex intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, quien actualmente ostenta cargo directivo en ABSA (Aguas Bonaerenses), del Ministerio de Infraestructura y servicios públicos de la provincia de Buenos Aires”, recorrer el lugar donde se paralizaron las obras.

“Dadas las circunstancias, su presencia no puede interpretarse como una mera visita, sino como un acto de presión e intimidación, al producirse en contexto de vigilancia, control y persecución sobre ciudadanos comprometidos con el cuidado del ambiente. Ante el desconocimiento de la medida adoptada contra nosotros, en el hecho denunciado, toda persecución o hecho dudoso da lugar a pensar cual es su origen”, sostuvo.

Gabriela Bértora, le solicitó a la justicia que se informe quién emitió la orden de seguimiento del día 8 de mayo, con qué motivo y “se dispongan medidas concretas y efectivas que garanticen mi libertad y seguridad, así como la de los ciudadanos y vecinos que también se encuentran en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, sin ocasionar perjuicio alguno a persona u organismo alguno”.

Además, ante “una posible e inminente detención y ataque a su libertad”, solicitó que “se haga lugar al procedimiento de habeas corpus a los fines de que cese la intimidación y persecución y se obtenga el origen de tal medida”.