Al amparo iniciado por vecinos y vecinas de Camet Norte por la falta de información pública y participación ciudadana en la obra del asfalto, en las últimas horas se sumó una nueva denuncia por hechos de violencia institucional como "señalamiento", "marcado", "estigmatización" y "aprietes" de las personas que reclamaron.

Se trata de una obra que prevé la pavimentación de más de 3 km de calles en la localidad de Camet Norte que habría iniciado el Municipio sin respetar los derechos humanos, civiles y políticos de los y las ciudadanas por no garantizar el acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones relativas al territorio en que habita la comunidad.

Ante esta situación, del expediente surge que el gobierno habría puesto en marcha un aparato de poder exponiendo públicamente que los vecinos estaban “en contra del asfalto”. Y tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación se desinformó a la población enfrentando a la opinión pública con los vecinos denunciantes. La utilización de estos mecanismos, desvirtúan la realidad de los hechos y corren el foco de la discusión de fondo sobre la vulneración y el avasallamiento de los derechos humanos de los ciudadanos.

Como prueba alcanza con leer la carátula del amparo titulada “ambiental y derechos humanos” y la propia demanda en cuyo cuerpo de texto los vecinos y vecinas son contundentes al afirmar que "no es la obra en sí misma lo que aquí se discute, sino que lo que se cuestiona son los procedimientos llevados adelante para su realización”.

Los hechos denunciados exponen e involucran a funcionarios municipales y personas cercanas a su entorno. Se trata de hechos de violencia institucional sucedidos a partir de acciones de "señalamiento", "marcado", "estigmatización" y "aprietes" de las personas que reclamaron sus derechos ante la municipalidad y la justicia.

También se denunció que, en paralelo a estos episodios de violencia realizados en privado, se desplegó una campaña de desinformación y hostigamiento público en redes sociales y medios de comunicación a la que sumaron su apoyo algunos partidos políticos, instituciones de referencia local y personas, también ligadas al poder.

En el caso además, paradójicamente, los vecinos y vecinas que accionaron para lograr mayor apertura del gobierno y que se asegure el debido respeto de los derechos humanos de todos los habitantes son tildados desde el propio Municipio como "negacionistas" que se oponen al "progreso"; o hasta se los ha presentado de manera pública y malintencionada como si fueran "opositores políticos" a la gestión.

“Cabe destacar que este modus operandi desde un organismo público atrasa en materia de derechos humanos, debiendo ser el propio Estado su garante y agregar que, pese a esto, no es la primera vez que sucede algo así en Mar Chiquita”.

Se puede citar por ejemplo, lo acontecido con la última ordenanza de Lagos del Mar, donde se llamó públicamente a la aplicación de la "disciplina partidaria" sobre concejalas electas; o la tergiversación de la realidad, la estigmatización y hasta la detención ilegal de personas por reclamos realizados por empleados y guardavidas; los de otros reclamos judiciales por acceso a la información respecto de la adjudicación por 30 años de la explotación servicios públicos de agua potable realizada sin audiencias públicas y en circunstancias poco transparentes que fue contado de manera malintencionada y desinformando también como si hubiera sido realizado para “impedir llevar agua a una escuela”; o así también los hechos históricos y cotidianos que en el día a día relatan otros vecinos y vecinas se viven en el Partido de Mar Chiquita.

En estos tiempos que corren la cuestión ambiental y especialmente la información pública y el derecho de las comunidades a ser consultadas y a participar de las decisiones de gobierno, ha sido un tema que tomó una gran relevancia y sensibilidad en las políticas de estado de nuestro país. Ahora la causa está en la Suprema Corte para dirimir toda esta cuestión.