Este lunes, la concejal de Unidad y Acción por Mar Chiquita, Gabriela Bértora, realizó una presentación judicial donde solicitó "de manera inmediata el cese y paralización total de las obras" de construcción de escolleras en Camet Norte. La edil de UAM, también pidió que "se disponga la recomposición ambiental en la zona afectada, en los términos que correspondan conforme a las leyes vigentes" y "se inicie el proceso de revisión exhaustiva de todos los procedimientos administrativos y técnicos vinculados" a los trabajos.

Bértora, le indicó a la fiscalía que "las obras de construcción de espigones incumplen los condicionamientos establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente", por lo que denunció "el inicio ilegal de la obra", presupuestada en más de 1000 millones de pesos y que ejecuta la empresa Gerónimo Rizzo S.A. 

"El inicio de la obra incumple los requisitos establecidos en el ANEXO I de la Declaración de Impacto Ambiental", sostuvo y agregó que la documentación mencionada, "se encuentra viciada, ya que contiene datos falseados y ocultamiento de información relevante, lo cual constituye un grave impedimento para la ejecución".

Por otra parte, denunció "el incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de aquellos funcionarios que, pese a haber sido advertidos por múltiples vías, han autorizado y permitido la continuación de estas obras de manera irregular".

En tal sentido, dijo que "la apertura de una calle sobre el acantilado, calle que no conduce a ningún destino concreto,  viola expresamente disposiciones del Decreto 3202/06. Además, se ha instalado un cartel de obra y un obrador, que integran el proceso de construcción de los mencionados espigones, profundizando la ilegalidad de las acciones".

Por último, se refirió a los acontecimientos más recientes: "Este lunes 28 de abril de 2025, personal de obra utilizando maquinaria pesada procedió a romper parte del acantilado costero, produciendo un daño físico directo e irreversible en este frágil ecosistema protegido. Este hecho agrava aún más la afectación ambiental en curso, vulnerando no sólo normas de protección ambiental, sino también principios básicos de prevención y precaución establecidos en la legislación vigente".

Bértora calificó la situación como de "gravedad extraordinaria, ya que el accionar denunciado implica un daño irreversible sobre el ambiente costero, la biodiversidad, los acantilados, y el patrimonio paisajístico, cultural y arqueológico del Partido de Mar Chiquita, afectando valores que deben ser preservados en beneficio de toda la sociedad".

Por último, destacó que "existe un grave accionar de funcionarios municipales que, además de permitir el avance de las obras, han incurrido en desinformación hacia la comunidad, provocando confusión y malestar social".